En los últimos años han aumentado los esfuerzos para adaptar las actividades de los gobiernos a la cuarta revolución industrial, es decir, a la nueva realidad tecnológica que ha cambiado la vida de las personas incluso en sus actividades cotidianas más simples. Esto obliga a las instituciones públicas a replantear la manera en la que funcionan y otorgan sus servicios para que sean, esencialmente, más digitales.
Aunque parezca un proceso sencillo, la transformación digital de la administración pública presenta grandes desafíos debido a los marcos legales que la rigen, las rígidas estructuras burocráticas que caracterizan al Estado y los acuerdos políticos que deben darse para abrir oportunidades (y, sobre todo, presupuesto) para que esta transformación sea posible.
Los organismos internacionales, en su tarea de facilitar la cooperación y el acceso a información, han desarrollado índices de gobierno digital para medir el avance que realizan los países en esta materia. La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) son algunos de los organismos que se han sumado a esta tarea.
El Índice de Gobierno Digital (DGI por sus siglas en inglés) creado por la OCDE responde a la necesidad de contar con un instrumento para medir la transición de un gobierno electrónico hacia un gobierno digital a través de los niveles de adopción de enfoques estratégicos y herramientas de política pública. El DGI mide el progreso siguiendo seis dimensiones:
De acuerdo a la OCDE (2020), este marco busca ayudar a los gobiernos a identificar los factores determinantes para el diseño y la implementación eficaz de estrategias de gobierno digital, así como apoyarlos en alcanzar altos niveles de madurez digital en sus sectores públicos. Además, establece seis definiciones que ayudan a entender que debe tener un gobierno digital:
La CAF desarrolló un índice para medir no sólo las características del gobierno digital sino el ecosistema digital que toma en cuenta la infraestructura, la utilización de tecnologías y las políticas públicas del país. Según la organización, el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED), provee un diagnóstico cuya finalidad es apoyar la toma de decisiones de política pública referidas al ecosistema y comprender las barreras normativas y legales a su desarrollo e impacto.
El mapa anterior tiene muchos de los factores de un concepto ampliamente discutido hoy en día que es el GovTech, es decir, el ecosistema en el que los gobiernos cooperan con startups, pymes y otros actores que utilizan tecnologías digitales y metodologías innovadoras para ofrecer productos y servicios que resuelvan problemas públicos. Ver el ecosistema mediante ramificaciones nos ayuda a comprender la compleja realidad social que se busca impactar con estrategias digitales y nos lleva a generar cuestionamientos aplicados a regiones de América Latina como:
¿Cómo se puede desarrollar un gobierno digital en un país con una estructura tecnológica deficiente?
¿Cómo implementar políticas públicas digitales en poblaciones vulnerables con bajo acceso a dispositivos o con escasa alfabetización digital?
Por otro lado, entender que un gobierno digital e innovador también depende de las colaboraciones que se construyan con otros actores aumenta la perspectiva de nuevas formas de alianzas público-privadas para absorber las innovaciones digitales y los conocimientos de los datos para aumentar la eficacia, la eficiencia y la transparencia en la prestación de los servicios públicos.
De ambas metodologías nos llevamos la necesidad de tener un instrumento que nos ayude a evaluar los avances a pequeñas y grandes escalas que las instituciones públicas han realizado y, a su vez, tener un mapa que nos guíe entre la variedad de actores que pueden sumar al objetivo de brindar mejores servicios a los ciudadanos con más y mejor tecnología.
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